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Buscar asilo nunca es un proceso fácil. Las familias y personas que se ven obligadas a huir de sus países experimentan violencia y otros peligros en sus lugares de origen, la ruptura de dejar atrás las vidas que habían construido y las dudas de dónde y cómo encontrar refugio. Pero en años recientes, para la creciente población de personas solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de México —donde la mayoría inician sus casos en la ciudad de Tapachula, Chiapas—, se han sumado incluso más obstáculos a este camino de por sí difícil.
El nuevo informe de WOLA, Luchando por sobrevivir: la situación de las personas solicitantes de asilo en Tapachula, México, sigue la ruta de las personas que llegan, con base en una visita de marzo de 2022 en la que realizamos documentación en campo y entrevistamos a personas solicitantes de asilo, autoridades, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población migrante. El informe da cuenta de abusos, tratos arbitrarios y obstáculos significativos a cada paso del camino de las personas solicitantes de protección.
“No se lo deseo a nadie”, expresó una persona solicitante de asilo al contarnos su historia. Las personas entrevistadas describieron cómo huyeron de sus países debido a causas como la persecución política y la violencia de las pandillas, sólo para enfrentarse a la extorsión o la detención por agentes migratorios y fuerzas de seguridad al intentar ingresar a México. Tal como ejemplifican estas historias, las personas migrantes que necesitan protección generalmente no la pueden solicitar en los puntos de entrada oficiales en la frontera sur mexicana, y cuando sí se les permite ingresar para solicitar asilo, muchas veces son detenidas durante algún tiempo por el Instituto Nacional de Migración (INM). Esta barrera indebida para acceder al sistema de refugio obliga a muchas personas ya en situación de vulnerabilidad a cruzar la frontera de manera irregular, tratando de esquivar retenes y evitar ser detenidas mientras se dirigen a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para solicitar asilo.
Lea el nuevo informe de WOLA, Luchando por sobrevivir: la situación de las personas solicitantes de asilo en Tapachula, México.
Una vez que logran solicitar protección, las personas tienen que navegar procesos legales que actualmente duran muchos meses, tiempo en el que las normas administrativas requieren que permanezcan en el estado donde iniciaron sus trámites (en este caso, Chiapas). En la práctica, las autoridades buscan contenerlas en la misma ciudad de Tapachula. Con relativamente pocas oportunidades laborales, las personas solicitantes de asilo en Tapachula tienen que batallar por obtener ingresos, así como por acceder a servicios y protegerse contra los abusos de diferentes autoridades. Todo lo anterior se vive como un prolongado proceso “de desgaste”, según nos expresaron múltiples contrapartes en Tapachula.
En 2021, México recibió más de 130.000 solicitudes de asilo, convirtiéndose así en el tercer país a nivel mundial con más solicitudes recibidas. Aproximadamente 90.000 de estos casos se iniciaron en Tapachula. El sistema de asilo de México no fue diseñado para procesar esta cantidad de casos: el número de solicitudes recibidas en 2021 representa más de 100 veces el número recibido hace apenas ocho años en 2013. Este aumento vertiginoso no ha sido respondido con recursos suficientes, lo cual ha generado un atraso procesal significativo en el sistema de asilo. Además del aumento en la población que llega en busca de protección, la reticencia de las autoridades migratorias mexicanas a facilitar el acceso a otras vías de regularización migratoria tiene el efecto de canalizar a las personas hacia el sistema de asilo como si fuera la única opción para buscar una estancia regular en el país, generando una situación incluso más aguda.
La combinación de los prolongados tiempos de espera y los esfuerzos del gobierno mexicano por contener a las personas solicitantes de asilo en una sola ciudad han producido una crisis humanitaria para las personas migrantes en Tapachula, quienes frecuentemente carecen de recursos para acceder a una vivienda, se enfrentan a la discriminación racial y de otra índole y a veces son detenidas arbitrariamente aun cuando cuenten con documentos que demuestran su estancia legal en el país. Esta situación insostenible llevó a grupos grandes de personas a buscar salir caminando de la ciudad en 2021, con resultados variados, con algunos grupos trasladados por las autoridades a otros estados mientras otras personas fueron víctimas de represión por parte de las fuerzas de seguridad y los agentes migratorios. En este contexto, Tapachula se ha vuelto tristemente conocida como la “ciudad cárcel” para las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Hoy por hoy, las causas tanto emergentes como tradicionales del desplazamiento en la región —desde la violencia criminal y la represión política hasta los desastres climáticos y la pobreza extrema— siguen generando altos niveles de movilidad humana. En los primeros cuatro meses de 2022, la COMAR recibió 40.026 solicitudes de asilo, encabezadas por personas ciudadanas de Honduras, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Así, mientras siguen los esfuerzos por atender las causas raíces de la migración regional, en el corto y mediano plazo, México continuará recibiendo a un elevado número de personas migrantes y solicitantes de asilo. En este marco, el Estado mexicano debe tomar acciones decisivas para garantizar que las personas migrantes con necesidades de protección puedan acceder al asilo en condiciones seguras y dignas. Las medidas que se deben tomar incluyen:
La situación en Tapachula ejemplifica una realidad regional más amplia: las políticas que busquen bloquear físicamente el camino de las personas migrantes y solicitantes de asilo —incluyendo la militarización de las fronteras, el no permitir que las personas soliciten asilo en los puntos de entrada fronterizos y las estrategias de control migratorio que privilegien la detención y la expulsión— aumentan el sufrimiento humano, pero no abordan la migración forzada de una manera constructiva ni sostenible. El uso y el apoyo a tales estrategias por parte del gobierno de Estados Unidos en años recientes ha tenido un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo no sólo en la frontera estadounidense sino también en México, donde las personas se ven forzadas a tomar rutas informales donde peligran sus vidas.
La dura situación de las personas que solicitan asilo en México se da en este contexto regional. Desde marzo de 2020, los puntos de entrada en la frontera de México con Estados Unidos permanecen cerrados a las personas solicitantes de asilo bajo el Título 42, atrapando en México de manera ilegal a miles de personas con necesidades de protección. La creciente lista de países sudamericanos cuyos ciudadanos requieren visa para volar a México —una medida impuesta ante el aumento de las llegadas de personas de estas nacionalidades a la frontera de Estados Unidos— obliga a más personas a migrar por rutas terrestres a través de Centroamérica y la frontera sur mexicana, muchas veces tomando caminos altamente peligrosos. Mientras tanto, las fuerzas armadas mexicanas siguen desempeñando un papel central en el control migratorio, una política que se reforzó de manera notable en 2019 bajo la presión del gobierno estadounidense y que ha llevado a graves abusos contra personas migrantes. Así, a pesar del importante apoyo financiero que da el gobierno de Estados Unidos al sistema de asilo de México (en particular, a través del financiamiento al ACNUR) y la creación en 2021 de una multifacética Estrategia de Gestión Migratoria Colaborativa, el impacto de las políticas estadounidenses de control migratorio ha sido negativo para la seguridad y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en México.
Los gobiernos de México, Estados Unidos y de la región deben corregir el rumbo y trabajar juntos para priorizar el acceso a la protección y ofrecer soluciones a las poblaciones desplazadas. La IX Cumbre de las Américas, a celebrarse la próxima semana, será un foro crucial para avanzar en ese sentido. De cara a la Cumbre, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas WOLA, ha desarrollado un conjunto de directrices para la cooperación migratoria regional. A la luz de nuestros hallazgos en México y en el hemisferio, hacemos un llamado a los gobiernos de la región a revertir las políticas fronterizas inhumanas y contraproducentes. Es hora de poner en el centro a las personas en movilidad, atendiendo los altos niveles de migración de una manera sostenible, respetuosa de los derechos humanos y centrada en la protección.
