Vicente Chapero
Vicente Chapero
El miércoles 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo pública una actualización de la llamada Lista Engel. El documento es un listado de “individuos que, con conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción significativa o que han obstaculizado investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”.
La lista sanciona a los individuos que socavan la democracia, a los corruptos y quienes obstruyen investigaciones por corrupción. Asimismo, a aquellos de quienes existen indicios de haber cometido los siguientes ilícitos: corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión y la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero.
La lista que acaba de hacer pública el Departamento de Estado incluye a tres funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, incluidos al jefe de la bancada legislativa del partido oficial, al secretario de prensa y un alto funcionario de la secretaría jurídica de la presidencia. También aparece un exministro de seguridad y su esposa y un alcalde oficialista vinculado con el narcotráfico. De Guatemala, la lista incluye a cuatro influyentes empresarios vinculados a esquemas de corrupción, operadores de justicia investigados por intentar interferir de forma ilegal en las altas cortes y el fiscal contra la impunidad nombrado por la fiscal general Consuelo Porras. Y en el caso de Honduras, destaca la inclusión de cuatro exfuncionarios en el gobierno del presidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro. Uno de esos funcionarios es asesor de Castro en la actualidad y otros dos son diputados del Congreso por el Partido Libre, que dirige Zelaya. También hay exfuncionarios del gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), uno de cuyos hijos, Fabio Lobo, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Los acontecimientos que han deteriorado la justicia, los derechos humanos y la democracia en el país -de manera rápida y progresiva- han sido una preocupación para los Estados Unidos, lo cual se confirma con la actual lista de sancionados, que envía un rechazo contundente a:
La falta de independencia judicial tras la remoción de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021. En esta ocasión, el Departamento de Estado sanciona al asesor presidencial Francisco Javier Argueta Gómez por la influencia directa en este hecho que afectó de forma importante la democracia de El Salvador.
La libertad de expresión bajo ataque por la Ley de Prohibición de las Maras, que penaliza la difusión de mensajes relacionados con las pandillas. Así, se sanciona a un diputado actual de la Asamblea Legislativa, Christian Reynaldo Guevara Guadrón, quien además es el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el partido oficialista, ya que fue uno de los que promovió y aprobó dicha normativa que, según Estados Unidos, puede considerarse censura. También fue incluido en la lista Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia.
Cleptocracia, narcotráfico y lavado de dinero cometidos en el ámbito municipal en la ciudad de San Miguel, donde es alcalde José Wilfredo Salgado García, sancionado en esta ocasión. Asimismo, las sanciones desvelan a un estado cleptocrático al vincular casos de corrupción endémica con lavado de dinero, como los que se atribuyen al exministro de Seguridad durante la administración de Antonio Saca (2004-2009).
Previo a la publicación oficial de esta actualización, se filtró una lista preliminar donde Estados Unidos incluía a José Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, quien es allegado al presidente Nayib Bukele y sus círculos de poder. Según el documento filtrado, Zelaya fue acusado de desviar $497 millones en fondos públicos destinados a los municipios del país para financiar servicios esenciales con el fin de obtener apoyo para sus aliados políticos, quienes fueron contendientes en las elecciones legislativas y municipales de 2021. Sin embargo, Zelaya fue excluido al final, al menos públicamente. Si se hubiera mantenido dicha sanción, esta hubiese sido la que más implicaciones político-financieras hubiera tenido. Esto de cara a la legitimidad y credibilidad del gobierno frente a organismos financieros internacionales, especialmente en aquellos cuyo directorio o acciones están vinculadas a intereses de los Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional, con el que El Salvador aún intenta negociar un crédito para afrontar sus responsabilidades de deuda.
Junto con Nicaragua, Guatemala es el país con mayor número de personas sancionadas, lo que refleja el nivel de deterioro institucional democrático que atraviesan ambas naciones. Con algunos perfiles de los sancionados demuestran que la corrupción y las acciones antidemocráticas son fomentadas y realizadas no solo desde el ámbito público, sino también desde el sector privado, especialmente empresarial. Así, las personas sancionadas reflejan preocupaciones concretas de los Estados Unidos respecto a:
El sector privado y la corrupción: Se sanciona a personas vinculadas con empresas dedicadas a la construcción, el sector energético, inclusive en empresas portuarias, quienes han nutrido un estado cleptocrático y corrupto al pagar sobornos al Estado para ser favorecidos con contratos. Además, refleja que la relación estado-sector privado tiene una raíz compleja y lesiva a la ciudadanía a lo que algunos funcionarios de los E.E.U.U. han catalogado como “élite depredadora”.
Cooptación e infiltración del poder judicial: Los procesos de selección de jueces y magistrados en Guatemala se han visto influenciados por redes ilícitas que buscan cooptar la justicia del país a su beneficio. Seis de los dieciséis sancionados son abogados, magistrados, y otros actores involucrados en este esquema de corrupción revelado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denominado Comisiones Paralelas, el cual influyó de forma ilegal en los procesos de selección de funcionarios, comprometiendo así su imparcialidad e independencia.
Criminalización a operadores de justicia. En la lista se incluyó al actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche, lo que confirma que el Ministerio Público se ha dedicado a obstruir la justicia en casos de corrupción a gran escala y que, además, se ha convertido en un actor fundamental para la criminalización de operadores de justicia independientes. Hoy día, 24 de ellos se encuentran en el exilio.
Las sanciones a parte de la élite económica podrían afectarles financieramente, en caso que tengan cuentas, inversiones y negocios en los Estados Unidos. La cancelación de visas podría generar que, a personas como el sancionado Ramón “Moncho” Campollo Codina se le prohíba conducir negocios en territorio estadounidense ya que es socio de consorcios internacionales importantes. Además, se pone en entredicho la credibilidad de la inversión del sector privado en el país y podría perjudicar la inversión extranjera.
A diferencia de las sanciones a El Salvador, Honduras y Nicaragua, para el caso guatemalteco no se nombra a ninguna persona del círculo de poder cercano al Presidente Alejandro Giammattei, pese a fuertes indicios de corrupción a su alrededor y su aquiescencia en la criminalización y persecución de operadores de justicia independiente
La inclusión de varios actores relacionados tanto a Manuel Zelaya como a Xiomara Castro puede generar una fisura en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras, y sobre todo puede afectar algunas propuestas e iniciativas para abordar la impunidad estructural y la corrupción endémica.
Dudas sobre la integridad de algunos miembros del partido oficialista LIBRE: En la lista se incluyó a Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, y al diputado Edgardo Antonio Casaña Mejía, ambos del partido LIBRE de la presidenta Xiomara Castro. Casaña utilizó US$5 millones de pensiones con fines políticos, especialmente para asegurar votos; pese a que el caso fue conocido por la justicia hondureña, el diputado ha sido favorecido por una amnistía.
Corrupción en el Gobierno de Manuel Zelaya y rechazo a la Ley de Amnistía: La lista incluye a cuatro exfuncionarios de Manuel Zelaya, implicados en sobornos desde distintas carteras de Estado, como salud y trabajo. Se señala, además, la apropiación de fondos públicos para fines políticos desde la administración de Zelaya con la sanción a Enrique Alberto Flores Lanza, exministro de la presidencia, quien enfrentaba cargos de corrupción en la justicia hondureña pero se vio beneficiado con la reciente ley de amnistía.
Saqueo del Estado con Juan Orlando Hernández: Siete de los quince sancionados son personas que pertenecieron al gobierno de Hernández. En el período 2010-2014 se malversaron US$3.5 millones desde diferentes instituciones, cuya finalidad era reducir la pobreza.
Narcotráfico: Con la sanción a Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, a quien una corte federal de Estados Unidos acusa de supervisar envíos de cocaína en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Washington reafirma su compromiso con la lucha antidrogas y de desarticular las redes del narcotráfico en la región.
La situación en Honduras es preocupante: con la inclusión de personas allegadas tanto a Castro como a Zelaya, se podría generar una fisura diplomática que afectarían iniciativas como la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH). De hecho, el gobierno de Castro empieza a involucrarse en prácticas autoritarias que ponen en entredicho su compromiso democrático por ejemplo, con la entrada en vigor de la Ley de la Junta Nominadora para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que se deja la puerta abierta a infiltraciones de intereses político-partidarios.
Es el país con mayor número de personas sancionadas (23), incluidos jueces y fiscales cuyo actuar ha sido fundamental para criminalizar y perseguir a opositores políticos del régimen Ortega-Murillo y quienes han sido responsables de violaciones a derechos humanos a presos políticos. Se reitera:
Falta de imparcialidad y autonomía del Ministerio Público: La autonomía del Ministerio Púbico en Nicaragua está completamente supeditada al régimen Ortega-Murillo. Fiscales de diversos sectores se han encargado de iniciar investigaciones criminales bajo argumentos espurios con el objetivo de atemorizar y callar las voces disidentes.
Un poder judicial en manos del Ejecutivo: La lista incluye a trece jueces que han juzgado y sentenciado a diversos actores que han sido voces disidentes al régimen. El poder judicial ha sido uno de los principales responsables de las violaciones al debido proceso, el derecho de defensa y otros derechos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
Respecto a Nicaragua, dado el cierre de espacios y la situación crítica de los presos políticos, las sanciones, aunque muestran la condena de Estados Unidos sobre la situación en el país, solo tendrían un efecto positivo si se afectan los intereses económicos-financieros de las personas implicadas en el deterioro democrático. Recientemente, en una entrevista para la Cadena Univisión, el asesor presidencial de Biden, Juan González, expresó que han intentado comunicarse con el régimen Ortega-Murillo; con las sanciones tal vez se podría abrir un canal de diálogo para la liberación de presos políticos, a quienes en este momento solo les queda el recurso de la amnistía o indulto presidencial.
La Lista Engel está amparada en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act), que en diciembre de 2020 fue incluida como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021. La sección 353(b) obliga al Departamento de Estado a producir la lista y darla a conocer al Congreso al menos dos veces al año. La principal consecuencia para los listados es que los hace inelegibles para obtener visas que les permitan entrar a los Estados Unidos y abre la posibilidad de que se bloqueen activos de cuentas o propiedades en territorio estadounidense.
En la primera publicación de la Lista Engel que se emitió en julio de 2021, el Departamento de Estado listó a 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños, la mayoría funcionarios y exfuncionarios públicos cercanos a los gobiernos de turno e involucrados en los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos. En ninguno de los tres países las fiscalías iniciaron investigaciones a estas personas y los efectos de ello variaron de acuerdo con el contexto de cada país. Analistas expresaron que no hubo mayor impacto dado que no se señalaron a altas esferas del poder. Asimismo, en septiembre de 2021 emitieron otra lista en la que incluyeron a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y el secretario general de la fiscalía, aparte de cinco magistrados actuales de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Además de la Lista Engel, Estados Unidos ha usado otras herramientas contra gobiernos o individuos centroamericanos. Por ejemplo, ha aplicado sanciones a través del Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que ha permitido inmovilizar fondos y activos de algunos actores criminales y corruptos en el sistema financiero estadounidense. El Departamento de Justicia también ha emprendido investigaciones recientes a políticos y empresarios vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. El caso más ejemplarizante es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado a Nueva York en abril por cargos de tráfico de cocaína y armas, y la investigación de dos funcionarios cercanos al presidente salvadoreño Nayib Bukele por negociar con las pandillas MS13 y Barrio 18.
La Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), también brinda herramientas para que los Estados Unidos puedan monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno del Presidente Daniel Ortega y los abusos de poder que se cometen bajo su régimen. Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción.
