Informe de la Comisión de la Verdad en Colombia: Encontrarse con las víctimas

Un día para la historia. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como se conoce oficialmente a la comisión de la verdad surgida del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presentó su informe el martes 28 de junio de 2022. Esto cierra un capítulo clave del ciclo histórico que el país inició en 2016 al final de las negociaciones de paz.

El mandato de la comisión no contempla aportar evidencia en procesos judiciales ni señalar responsabilidades individuales sobre los crímenes cometidos, pero sí las de actores que participaron en el conflicto armado. Sin embargo,  las conclusiones que contiene el informe son esenciales de cara a la construcción de la “paz grande”, tan necesaria en Colombia.

WOLA aporta algunos elementos a tener en cuenta en la lectura de las conclusiones de este informe:

1.El enfoque en el derecho de las víctimas a la verdad. Cuando fue acordada durante la negociación de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC dieron a la Comisión una triple misión: aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas cuyos derechos fueron vulnerados, y promover la convivencia en los territorios de Colombia.

Francisco Roux, presidente de la Comisión, dijo, en el acto de presentación del informe, que es “un mensaje de esperanza y futuro… De verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Palabra que viene de las víctimas que han luchado por mantener la memoria”.

“El informe es una ventana al inmenso dolor de la violencia en el marco del conflicto armado en Colombia, pero también una oportunidad para construir memoria a favor de las víctimas», reflexiona, por su parte, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, sobre la importancia histórica del informe. “Entender la complejidad de las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron durante décadas es fundamental para discutir con conocimiento pleno el deber del Estado de proteger y garantizar estos derechos y repararlos cuando se quebrantan”.

2.La población civil, la más vulnerable en la guerra. Una de las principales conclusiones del informe es que la población civil no combatiente fue la más afectada en los años del conflicto. El informe señala que “de cada diez personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, ocho eran civiles”. Cuando se agrega el número de personas desaparecidas que se conoce actualmente (unas 121.000), “se eleva la cifra a 90 por ciento de víctimas civiles”. A esto debe sumarse los efectos diferenciados sobre ciertos grupos poblacionales. Si bien “el sufrimiento y la incertidumbre causados por el conflicto armado interno se vivieron en todas partes de Colombia, fueron y siguen siendo más destructores y persistentes en las comunidades étnicas”.

Jiménez Sandoval destaca el ejercicio inédito de inclusión que hicieron quienes integraron la comisión en la elaboración del informe. “Nos habla de los impactos diferenciados a grupos que experimentaron una violencia desproporcionada durante el conflicto. El enfoque étnico, el de género, el dedicado a las personas LGTBIQ+ y el de las voces en el exilio, hacen de este informe, además, una herramienta única frente a iniciativas de este tipo en otros países y pone de manifiesto la importancia de este tipo de enfoques”, dijo. WOLA ha sido una de las organizaciones que más ha apoyado este enfoque diferenciado en el trabajo de la Comisión.

3.El rol de Estados Unidos. El informe reconoce el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz, pero es crítico del rol que diferentes gobiernos estadounidenses jugaron en el desarrollo de políticas de seguridad, en la militarización de la sociedad y en ocultar información sobre las relaciones entre grupos paramilitares y el ejército colombiano. En general, la comisión recomienda a la comunidad internacional continuar con su esfuerzo por apoyar la implementación completa del acuerdo de paz.

4.La política de drogas. Recomienda al gobierno colombiano liderar y promover un debate internacional para reformular la política de drogas en cooperación con Estados Unidos y crear una nueva visión que permita avanzar desde la perspectiva prohibicionista hacia una regulación legal.

5.Los pasos a seguir: Entre las principales recomendaciones de la Comisión, recogidas en el informe final, están:

• Que el gobierno colombiano avance en la implementación del acuerdo de paz, fortalezca las medidas de atención humanitaria y garantice un enfoque territorial con énfasis en cuestiones étnicas y de género. Que se garantice la seguridad de personas excombatientes y que se avance en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
• Mejorar la administración de justicia en cuatro áreas: La independencia de las instituciones encargadas de investigar violaciones a los derechos humanos, ajustes de las metodologías de investigación, creación de un mecanismo de apoyo a la investigación, y el establecimiento de límites a la extradición de personas implicadas en otros delitos para garantizar la satisfacción de las víctimas.
• Crear una comisión independiente que haga un examen de los riesgos de cooptación y corrupción de la Fiscalía. Que sea la Fiscalía la que asuma todas las investigaciones para que sean competencia de la justicia ordinaria.
• Que el gobierno colombiano promueva transformaciones concretas en el aparato de seguridad para disminuir la militarización, con una nueva doctrina que ponga en el centro el cuidado de la vida y la garantía de los derechos humanos. Esto incluye la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

La presentación del informe y las recomendaciones hechas, que el presidente electo Gustavo Petro se comprometió a leer e implementar, han abierto, sin duda, un nuevo capítulo en la historia de Colombia.