Photo by Ovidio Gonzalez/Getty Images
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El presidente de Colombia Gustavo Petro se reunirá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca el 20 de abril. Esta visita se produce casi tres semanas después de que ambos países celebraran su Diálogo Bilateral de Alto Nivel anual. Según la Casa Blanca, la agenda se centrará en temas de cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, el desafío migratorio regional y la promoción de “valores democráticos y derechos humanos y laborales en la región y el mundo”.
Aquí hay cuatro temas urgentes que Biden debería plantear a su homólogo colombiano:
1.Implementar el Acuerdo de Paz de 2016
El antecesor de Gustavo Petro, Iván Duque, puso en marcha un proceso de paz paralelo llamado “paz con legalidad” que en realidad desvió recursos y esfuerzos del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un desperdicio de una oportunidad histórica de hacer los cambios estructurales requeridos para abordar las múltiples causas profundamente arraigadas del conflicto en el país y avanzar en verdad, justicia y reparación para las víctimas, para solidificar la desmovilización de los guerrilleros, y con lo que habría podido demostrar una habilidad política para facilitar las negociaciones y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales. Pero el retraso en la implementación adecuada del Acuerdo de Paz de 2016 también ha causado violencia contra civiles y excombatientes, generado crisis humanitarias para las comunidades afrocolombianas, indígenas y rurales, y ha alimentado la proliferación de grupos armados ilegales. Su falta de voluntad para avanzar en los esfuerzos humanitarios y el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue devastadora para los colombianos que residen en la región del Pacífico, Arauca y Catatumbo. Según INDEPAZ, bajo Duque Colombia fue testigo del asesinato de 954 líderes y lidresas sociales y defensores de derechos humanos, de 216 excombatientes, así como de 555 casos de secuestro, 216 de desapariciones forzadas, 545 eventos de desplazamiento, 446 confinamientos humanitarios y 313 masacres con 1.192 víctimas.
Después de años de que el proceso de paz fuera socavado por Iván Duque, la administración de Gustavo Petro ha cambiado de rumbo con su proceso de Paz Total. Un elemento central de este esfuerzo es la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Ambos países deben discutir cómo pueden redoblar esfuerzos para consolidar este acuerdo.
2.Impulsar una estrategia entre Estados Unidos y Colombia para el Capítulo Étnico
El anuncio de EE. UU. de acompañar al Capítulo Étnico fue bien recibido por la sociedad civil estadounidense y colombiana, especialmente por los líderes afrocolombianos e indígenas y las organizaciones de base. Este capítulo prioriza un enfoque diferenciado en la implementación del Acuerdo de Paz para las comunidades étnicas y afro, las más afectadas durante el conflicto armado. Sin embargo, aunque el anuncio fue hecho en octubre, ambos países aún no revelan una hoja de ruta clara a corto, mediano y largo plazo. Se requiere una estrategia concreta entre Estados Unidos y Colombia en consulta con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Comisión Étnica para la Paz, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y otros grupos clave de la sociedad civil. Hace falta definir temas prioritarios, detallar los pasos a seguir y elaborar indicadores para monitorear el progreso. La estrategia requiere reglas de participación que sean culturalmente sensibles y respeten los métodos de participación de las comunidades étnicas entre los líderes y lideresas afrocolombianos, indígenas, raizales y cimarronas, las autoridades territoriales y las comunidades. Un plan que identifique los recursos disponibles y los requeridos para llevar a cabo este esfuerzo debe formar parte de la estrategia. Esto facilitará el establecimiento de alianzas con el sector privado, otros países interesados y otros donantes potenciales.
3.Aliviar la crisis humanitaria y promover la paz total
La política de Paz Total de Colombia consiste en un enfoque de todo el gobierno para alinear las instituciones del Estado, sus recursos y su sociedad para construir la paz en las regiones. Esto incluye hacer realidad el Acuerdo de Paz de 2016 sobre el terreno y, al mismo tiempo, encontrar soluciones a través del diálogo con los demás actores armados ilegales. Con el grupo guerrillero ELN hemos visto, a pesar de violentos reveses, que se ha concretado la agenda más avanzada en décadas de negociaciones con este grupo por el gobierno colombiano. Cada proceso es diferente ya que los tipos de grupos ilegales difieren mucho. Sin embargo, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, lo expresó claramente en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del 13 de abril sobre Colombia cuando afirmó con respecto al Acuerdo de Paz de 2016 y otros esfuerzos de diálogo, que “Los dos objetivos están íntimamente ligados. Es difícil imaginar el éxito de uno de ellos sin el otro, dadas las realidades en el terreno en muchas de las zonas afectadas por el conflicto, donde la violencia de los grupos armados restantes es un obstáculo significativo para la implementación del Acuerdo de Paz, y donde una implementación insuficiente también alimenta las condiciones para esa violencia.”
Algunos quisieran poder encasillar a los grupos ilegales de Colombia en nítidas categorías y regiones, pero la realidad sobre el terreno es diferente. Las comunidades se ven obligadas a lidiar con una multiplicidad de actores dentro de los mismos territorios, por lo que es imposible abordar la desmovilización de uno sin tener en cuenta a los demás. Los conflictos en Colombia son alimentados por múltiples economías ilícitas de las cuales el narcotráfico es solo una. La corrupción desenfrenada que permite que florezcan tales actividades ilegales se sustenta en la impunidad. El enfoque complejo y ambicioso que está empleando Colombia tiene en cuenta las lecciones aprendidas de todos los esfuerzos de paz y desmovilización que ha emprendido el país en el pasado. Responde a lo que las comunidades afectadas por el conflicto y las innumerables víctimas que viven entre los grupos armados ilegales están instando al gobierno a hacer. Por primera vez en la historia, el gobierno colombiano está escuchando a las comunidades que viven a diario con la violencia, la coacción, la extorsión y otros abusos perpetrados por estos grupos y tratando de encontrar una solución para que puedan vivir en paz sin violencia y alcanzar su potencial económico. La oficina del Alto Comisionado para la Paz planea trasladar la mayoría de sus operaciones a los territorios para poder construir esta pieza desde cero con todas las partes interesadas involucradas. Más que un simple esfuerzo de paz, este enfoque busca consolidar instituciones civiles en áreas históricamente abandonadas por el gobierno central, para aliviar comunidades de violencia para que el potencial económico de las regiones pueda realizarse y competir con economías ilícitas.
Estados Unidos debe trabajar en conjunto con Colombia para avanzar en las herramientas necesarias para lograr la paz territorial.
4.Proteger a los y las líderes sociales y conseguir justicia por violaciones de derechos humanos
A pesar de un cambio radical en la retórica y la voluntad política para enfrentar la inseguridad que enfrentan los líderes sociales, Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, ambientales y líderes sociales. Al 15 de abril, INDEPAZ reportó el asesinato de 50 personas defensoras de derechos humanos, así como 32 masacres y el asesinato de 6 excombatientes. Se necesita una discusión seria entre los dos países sobre cómo abordar este problema en múltiples niveles. Una evaluación de la Unidad Nacional de Protección que busque renovarla, erradicar la corrupción y hacer efectiva la entidad es un aspecto clave. Otro es cómo los países pueden avanzar en los mecanismos de protección colectiva como la guardia indígena y las guardias cimarronas y otros esfuerzos de seguridad colectiva impulsados por las comunidades rurales. Se requiere una discusión seria sobre cómo acabar con los obstáculos que existen en el sistema de justicia que hacen realidad el avance de los casos de autores intelectuales de delitos cometidos contra personas defensoras.
El paro cívico nacional y la movilización social que tomó lugar entre abril y julio de 2021 derivó en 83 homicidios, 898 intervenciones violentas, 1.747 actos de violencia física y 96 víctimas de violencia ocular por parte de la policía. Los líderes de la movilización social, especialmente en Cali, enfrentan cargos judiciales que carecen de fundamentos, mientras que la justicia ha avanzado poco para las familias de las víctimas de la brutalidad policial. A más de ocho meses del gobierno de Petro, y aún no vemos las reformas requeridas en lo que respecta a la policía y el desmantelamiento del El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Dado el financiamiento y la capacitación de la policía nacional colombiana por parte de EE. UU., es primordial descubrir cómo prevenir más abusos atroces y garantizar justicia para las víctimas.
