Esta semana, dos lideres de movimientos sociales fueron asesinados en un periodo de 36 horas: Rubiela Sánchez Vanegas (una lideresa comunitaria de San Vicente Ferrer, Antioquia) y Gerson Acosta (gobernador del Resguardo Kite Kiwe en Cauca). Además, Luis Alberto Ortiz Cabezas – un guerrillero indultado de las FARC – fue asesinado bajo circunstancias dolorosamente parecidas al genocidio de la Unión Patriótica hace 25 años. El es el primer guerrillero de las FARC asesinado desde que se firmo el Acuerdo de Paz en agosto de 2016.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tres personas pertenecientes al pueblo Awá fueron asesinados en lo que parece ser eventos aislados en Nariño el 16 de abril de 2017. Estos actos de violencia hacen parte de un patrón más amplio de amenazas, ataques y asesinatos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia.
Funeral de Javier Oteca en Corinto, Cauca
Casi 50 activistas de movimientos sociales han sido asesinados solamente en el Cauca desde que se firmaron los Acuerdos de Paz hace ocho meses. El Gobernador Gerson Acosta, beneficiario de un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, fue baleado en su casa en el municipio de Timbío a las 4:40 p.m. el 19 de abril. Menos de un mes antes del asesinato del Gobernador Acosta, otro integrante de la Asociación de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca (ACIN) Javier Oteca fue asesinado en Corinto, Cauca el 22 de marzo. Según la ACIN, el ingenio azucarero INCAUCA es responsable por el asesinato del Sr. Oteca. El Sr. Oteca participó en la “Liberación de la Madre Tierra” – una estrategia liderada por indígenas para recuperar tierras robadas. El día antes del asesinato del Sr. Oteca, miles de indígenas nasa llegaron a una asamblea en Corinto a la expectativa de reunirse con funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano. Sin embargo, el gobierno colombiano no llegó.
Asientos vacíos designados para funcionarios del gobierno durante la asamblea indígena en Corinto, Cauca el 21 de marzo
El gobierno colombiano debe tomar inmediatamente medidas efectivas para implementar las secciones del acuerdo de paz con las FARC relacionadas con la seguridad de los defensores de derechos humanos, las garantías para la oposición política y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales. La seguridad física de activistas, líderes comunitarios y guerrilleros de las FARC es esencial para garantizar que el proceso de paz sea sostenible a largo plazo. Los Estados Unidos, las Naciones Unidas y otros aliados del proceso de paz en Colombia deben reforzar la importancia de mantener las medidas acordadas para garantizar la seguridad e instar a las autoridades judiciales a investigar, procesar y sancionar a los responsables de esta violencia.
