México debe mostrar la voluntad política para implementar la Ley General de Desapariciones

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el gobierno de México debe asumir su responsabilidad por la crisis de desapariciones

Washington, DC—Ayer, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un video en el que defiende la investigación oficial del ataque y desaparición forzada de 43 estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad y del crimen organizado en 2014. Esa investigación ha sido ampliamente desacreditada por organizaciones y expertos internacionales, y también fue considerada defectuosa en una sentencia de un tribunal federal mexicano a principios de este año. En un país donde por lo menos 37,000 personas han desaparecido desde 2007, los recientes comentarios de Peña Nieto—junto con la falta de voluntad política para implementar la histórica Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas—evidencian cómo su gobierno ha fracasado en garantizar la verdad y la justicia para víctimas y familiares de los desaparecidos, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas.

«Está muy claro que uno de los mayores legados de la administración de Peña Nieto será la falta de respuestas para millones de familias que buscan incansablemente a sus seres queridos desaparecidos», dijo Ximena Suárez-Enríquez, Subdirectora para México en WOLA.

Aunque Peña Nieto firmó la Ley General de Desapariciones en noviembre de 2017, es claro que su administración no ha priorizado la implementación de la ley. Uno de los aspectos más importantes de la ley fue la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de dirigir los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, con solamente 20 empleados en oficinas mal equipadas, la Comisión carece de personal y fondos suficientes. Los víctimas, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, han evidenciado que la Comisión no ha formulado un plan concreto para coordinar con autoridades estatales en la búsqueda de personas, dejando en las manos de las familias la responsabilidad de liderar las búsquedas.

«El gobierno debe tomar la iniciativa en la búsqueda de los desaparecidos, en lugar de relegar esa responsabilidad a las familias», dijo Suárez. «Si la Comisión Nacional de Búsqueda no cuenta con una estrategia para llevar a cabo búsquedas efectivas, entonces todo lo que tenemos aquí es una ley que se ve bien en el papel, pero que en la realidad cambia muy poco».

Otro desafío importante para la implementación completa de la ley es contar con expertos forenses para identificar los restos humanos que se están descubriendo en fosas clandestinas y comunes en todo el país. Esto es un área clave en la que México debe mostrar voluntad política, e incluso permitir la asistencia técnica y supervisión internacional cuando sea necesario: como lo afirmó recientemente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el país haría bien en «profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales» como parte de sus esfuerzos para combatir la crisis de desapariciones.

«Ya es hora de priorizar la justicia para las decenas de miles de víctimas desaparecidas y sus familias», dijo Suárez. «El gobierno de México debe tomar medidas audaces para garantizar que la Ley General de Desapariciones se implemente rápidamente y completamente, y eso incluye buscar de forma proactiva asistencia técnica y supervisión internacional».