AP Photo/Dario Lopez-Mills
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A principios de mayo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto para financiar al gobierno durante el resto del año fiscal 2017, que finalizará el 30 de septiembre. La legislación incluye US$655 millones en ayuda estadounidense para Centroamérica, principalmente para Guatemala, Honduras y El Salvador, para ayudar a enfrentar la violencia endémica, la ingobernabilidad y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región. Este monto se suma a los $750 millones asignados en el año fiscal 2016, la mayoría de los cuales comenzaron a llegar a la región a principios de este año.
A pesar de la solicitud de la administración de Trump de reducir drásticamente los fondos para la asistencia extranjera, el Congreso parece reconocer que ayudar a Centroamérica a abordar los factores causa de la migración es de interés de los Estados Unidos. No obstante, el éxito o el fracaso de la asistencia estadounidense a Centroamérica dependerán de si la ayuda es debidamente orientada y del compromiso de los gobiernos centroamericanos de avanzar reformas necesarias. Esto requerirá de un cuidadoso monitoreo de dónde y cómo se está invirtiendo la asistencia de Estados Unidos y de las condiciones en la región.
El paquete de $655 millones de dólares para el año fiscal 2017 para Centroamérica representa una ligera disminución con respecto a los $750 millones asignados para el año fiscal 2016. La disminución se debe a recortes en las cuentas de Asistencia para el Desarrollo y del Fondo Apoyo Económico, que financian reformas económicas, iniciativas educativas, programas de protección ambiental, así como iniciativas de prevención de la delincuencia y la violencia, entre otros programas.
Como se ilustra a continuación, de los fondos asignados para el año fiscal 2017, 43 por ciento ($279.5 millones de dólares) fueron otorgados para apoyar la Asistencia para el Desarrollo, el 16 por ciento para el Fondo de Apoyo Económico ($104 millones) y el 34 por ciento para apoyar iniciativas de seguridad ($225 millones). A pesar de la disminución del financiamiento para el desarrollo, las cifras generales siguen apoyando una estrategia orientada al fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y no una centrada únicamente en la seguridad. Sin embargo, el paquete de ayuda incluye un aumento de $3.1 millones en asistencia militar, la mayoría de los cuales proporcionarán entrenamiento, armas y equipo. Este monto no refleja los fondos asignados al Pentágono para operaciones antinarcóticos en la región, los cuales en el año fiscal 2015 llegaron a poco menos de $67 millones.
El paquete también incluye financiamiento específico para apoyar la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Estos organismos internacionales han estado al frente de la lucha contra la corrupción, ayudando a fortalecer las capacidades de las instituciones locales y a avanzar la investigación de casos de alto perfil. Los avances que han logrado hasta ahora ponen de relieve la importancia de que los Estados Unidos continúen apoyándolos tanto desde el punto de vista político como financiero.
Para apoyar estos esfuerzos, el paquete también incluye fondos significativos para los fiscales generales de Centroamérica para apoyar sus esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad. Además, la legislación requiere que el Departamento de Estado certifique si los gobiernos de Guatemala y Honduras están proporcionando a la CICIG y a la MACCIH pleno acceso a información y documentos, incluyendo información presupuestaria. También pide al Departamento de Estado, en consulta con otras agencias de los Estados Unidos, poner a disposición de la CICIG y del Ministerio Público de Guatemala cualquier información que pueda ayudar en sus investigaciones.
Estas medidas son alentadoras y reafirman una vez más que la lucha contra la corrupción y la impunidad en Centroamérica es central tanto para los republicanos como para los demócratas.
En una muestra de este acuerdo bipartidista, en marzo de 2017, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Camera de Representantes aprobó por unanimidad la Resolución 145, que reconoce los esfuerzos anticorrupción de la CICIG, la MACCIH y los fiscales generales de la región, y hace un llamado a los gobiernos centroamericanos a brindar los recursos, apoyo e independencia necesaria a los fiscales generales para que puedan llevar a cabo su labor.
El paquete de ayuda sostiene el conjunto de 12 requisitos que el Congreso sabiamente estableció en el año fiscal 2016 para ayudar a asegurar que los países receptores demuestren un compromiso firme de fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y abordar la pobreza y la desigualdad. Estos requisitos son importantes y ayudarán a asegurar que la asistencia de los Estados Unidos sea bien invertida. En última instancia, la ayuda estadounidense no tendrá el impacto deseado a menos que los países del Triángulo Norte demuestren la voluntad y el firme compromiso de abordar los desafíos de la región.
Según la ley, el 50 por ciento de los fondos para los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras puede ser retenido a menos que el Departamento de Estado certifique que los gobiernos están tomando medidas efectivas para:
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El paquete también mantiene un lenguaje que condiciona el 25 por ciento de los fondos a medidas destinadas a disuadir la migración irregular al norte y fortalecer la seguridad fronteriza. Como WOLA ha informado en el pasado, los esfuerzos para aumentar la seguridad de las fronteras y combatir el flujo de drogas ilícitas y el contrabando no deben hacerse a expensas de priorizar la protección de personas en riesgo. En los últimos años, los esfuerzos crecientes por detener la migración hacia el norte en la frontera sur de México y en la frontera entre Guatemala y Honduras han socavado el acceso al asilo para centroamericanos huyendo de la violencia y persecución y ha resultado en el abuso de migrantes.
Para tener un impacto duradero, la ayuda de los Estados Unidos debe ser estratégicamente orientada, implementada apropiadamente y acompañada de reformas concretas por parte de los gobiernos centroamericanos. Acceso a mejor información sobre los objetivos, los niveles de ayuda y los programas en cada país, así como indicadores objetivos para medir avances en la región, permitirá una mayor capacidad para evaluar si la asistencia de los Estados Unidos está alcanzando los resultados deseados. Indicadores claros también permitirán una mejor evaluación del compromiso de los gobiernos centroamericanos de cumplir su parte del trato.
Para ello WOLA, en colaboración con un grupo de respetadas organizaciones centroamericanas, lanzará el Monitor Centroamericano. El Monitor seguirá y analizará los programas de asistencia de Estados Unidos en la región y evaluará los avances en Centroamérica para reducir la violencia y la inseguridad, fortalecer el Estado de derecho, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, proteger los derechos humanos y combatir la corrupción. Para ello, hemos desarrollado una amplia serie de indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar sistemáticamente el progreso en la región. Los indicadores nos permitirán evaluar el nivel de avance en cada uno de los tres países, e ir más allá de las discusiones abstractas sobre la necesidad de reformas a medidas concretas de cambio. El Monitor Centroamericano es una herramienta que permitirá identificar las áreas de avance y deficiencia de las políticas y estrategias que se están implementando en la región en una forma útil para funcionarios públicos, la comunidad donante, y el público en general.
