(AP Photo/Esteban Felix)
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Este 6 de noviembre Nicaragua elegirá al próximo presidente del país, así como a los 90 diputados de la Asamblea Nacional de carácter electivo y a los representantes para el Parlamento Centroamericano.
Poco tiempo después de que la dictadura de Somoza fuera derrocada en 1979, Nicaragua se volvió una fuente de debate en Estados Unidos. Analistas y políticos estadounidenses observaron el país y su desarrollo con la perspectiva de la Guerra Fría, y los juicios sobre los sucesos políticos y económicos en este país siguieron teñidos de afinidades políticas. Aún hoy, esta polarización continúa y la escasez de análisis objetivos persiste.
Un observador imparcial notaría que el gobierno de Ortega ha logrado avances importantes en cuanto a la disminución de la pobreza, el crecimiento económico y la mejora del acceso a los servicios sociales. Si bien el país tiene el nivel más bajo del PIB per cápita en América Central, el gobierno de Ortega ha expandido notablemente el acceso a la vivienda pública, educación y servicios sociales para los nicaragüenses más marginalizados. Según cifras del Banco Mundial, el nivel de pobreza descendió de 42,5% en 2009 a 29,6% en 2014, con un descenso de quienes viven en pobreza extrema de 14,6% a 8,3% durante el mismo período.
Nicaragua amplió notablemente el acceso a la vivienda pública, edución y servicios sociales para los nicaragüenses más marginados. (AP Photo/Esteban Felix)
Estos son avances reales e importantes que le han otorgado al gobierno de Ortega un gran apoyo de la población. Las encuestas muestran que el presidente Ortega es muy popular en Nicaragua, y que tiene un panorama favorable para ganar la reelección con un amplio margen. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con el apoyo del 64,2% de los encuestados, en contraste con el 8,3% para su rival más cercano, Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La oposición política se ha enfrentado a la presión del gobierno, aunque también sufre divisiones internas constantes.
Otro factor que contribuye a la popularidad del gobierno es el nivel de delincuencia relativamente bajo, ya que Nicaragua ha logrado mejores resultados que la mayoría de sus vecinos en el control de la delincuencia y la violencia. Las tasas de homicidio de Nicaragua, aunque mayores que las de Estados Unidos, son mucho menores que las de los países del Triángulo Norte. Además, las pandillas juveniles, si bien constituyen un problema persistente, son menos violentas y están menos organizadas que en otros lugares. La Policía Nacional nicaragüense no está exenta de defectos; no siempre ha protegido el derecho a la manifestación cuando es ejercido por los opositores del gobierno y su reputación, antiguamente impecable, se ha visto manchada por acusaciones de corrupción y brutalidad ocasional. No obstante, la policía tiene una sólida capacidad de investigación y, en general, mantiene un enfoque orientado a la comunidad, lo cual contribuye a la tasa de delincuencia relativamente baja.
El observador imparcial también podría notar que, pese a las diferencias de larga data, los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos cooperan en varios aspectos. Los dos países cooperan en la interdicción de drogas, especialmente a lo largo de la costa atlántica de Nicaragua. Estados Unidos ha trabajado bilateralmente con la Marina de Nicaragua y unidades de la Policía Nacional de Nicaragua en las medidas antidroga, y ofreció capacitación y apoyo financiero a unidades específicas. El gobierno estadounidense también ha elogiado a Nicaragua por su implementación del polémico Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por su sigla en inglés).
Al mismo tiempo, el observador también podría ver que Nicaragua vive un patrón alarmante en los años recientes: la erosión gradual de las instituciones democráticas, dado que el presidente Daniel Ortega ha consolidado el poder bajo la rama ejecutiva en medio de una creciente falta de transparencia. Los preocupantes retrocesos democráticos han sido cada vez más evidentes en el período previo a las próximas elecciones y ensombrecen el progreso social del país. Los siguientes párrafos se centran en estos retrocesos.
En junio, Ortega suscitó preocupación cuando anunció que no iba a permitir la supervisión de las elecciones por parte de observadores electorales internacionales, con las palabras: “Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”. Pocas semanas después, la Corte Suprema respondió a una contienda legal sobre el control interno del Partido Liberal Independiente (PLI), de la oposición, despojando a Eduardo Montealegre de su puesto de dirigente del partido y poniéndose a favor de Pedro Reyes, quien tiene fuertes vínculos con el gobierno de Ortega. Asimismo, en un fallo posterior, la Corte invalidó la dirección de un partido minoritario, Partido Acción Ciudadana.
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha) y primera dama, Rosario Murillo. (AP Photo/Esteban Felix)
Más adelante, el 29 de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) –compuesto de magistrados electos por la legislatura controlada por el FSLN– destituyó a 16 legisladores del PLI y 12 suplentes afiliados a la facción de Montealegre (inclusive al propio Montealegre). Como estos legisladores se habían negado a aceptar que Reyes dirigiera el partido, la decisión disparó una alarma e impulsó acusaciones entre la oposición de que el gobierno estaba intentando allanar el camino hacia una elección unipartidaria. Como consecuencia, el candidato del PLI abandonó su candidatura. De la oposición solo quedaron candidatos de partidos minoritarios.
Otro suceso preocupante se produjo días después, cuando Ortega eligió a su esposa y jefa de comunicación del gobierno, Rosario Murillo, como compañera de fórmula. Se rumorea que el presidente tiene problemas de salud y, con 70 años de edad, la decisión de nombrar a su esposa fue considerada por varias personas como intento de consolidar una línea de sucesión en sus últimos años. Estas acusaciones han sido fomentadas en las últimas semanas por la reiterada mención de Ortega respecto a un “gobierno conjunto” con Murillo, que ya hace años realiza funciones cotidianas, como discursos importantes y apariciones públicas.
Las inquietudes en torno al proceso electoral en Nicaragua no se limitan a la próxima votación de noviembre. Como WOLA ha señalado anteriormente, tanto las elecciones generales de 2011 como las elecciones municipales de 2008 mostraron irregularidades en el registro de votantes y la entrega de documentos de identificación, restricciones a la supervisión de las elecciones y desajustes en la conformación partidista de los organismos electorales oficiales locales.
La figura de oposición Eduardo Montealegre fue despojada de su puesto de dirigente del partido. (AP Photo/Esteban Felix)
Estos hechos también han preocupado a otras organizaciones internacionales. En una declaración particularmente vocal del Centro Carter, se condenan las elecciones de 2008 por “fraude comprobado”, y se expresa malestar por la falta de compromiso del CSE con la independencia política. El Centro Carter no llevó a cabo una misión de observación en las elecciones de 2011, debido a las inquietudes en torno a las regulaciones de supervisión electoral del gobierno, pero sí realizó una misión de estudio. A raíz de ella concluyeron que las elecciones de 2011 constituyeron un “golpe debilitante contra la democracia de Nicaragua, y que ilustra los límites de la Carta Democrática Interamericana y la práctica de la observación de elecciones”.
Hubo quejas similares expresadas por otros observadores internacionales en las elecciones de 2011, donde Ortega fue reelecto a pesar de una prohibición constitucional al respecto. Esto fue justificado por una mayoría designada por el FSLN en la Corte Suprema y posteriormente reforzado por una reforma constitucional aprobada por la mayoría del partido en la legislatura, en enero de 2014.
La sociedad civil nicaragüense enfrenta serios desafíos, y la polarización y desacuerdos a nivel local son problemas constantes. Las organizaciones comunitarias afiliadas al FSLN, conocidas como Consejos del Poder Ciudadano (CPC), tienen influencia en muchas comunidades debido a que administran programas financiados por el gobierno para combatir la pobreza. Por otra parte, grupos sin fines de lucro acusados de estar afiliados a la oposición han enfrentado críticas por ser presuntas fachadas de lavado de dinero y subversión.
En ocasiones, activistas que se han opuesto al gobierno de Ortega, así como miembros del partido de oposición y otras personas que demandan elecciones justas, han sido reprimidos con ataques violentos y, como se señaló anteriormente, la Policía Nacional de Nicaragua en varias ocasiones eludió la responsabilidad de proteger a los manifestantes de la oposición. En mayo de 2016, dos abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que viajaban a Managua para encuentros de Derechos Humanos y la celebración del 25º aniversario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fueron detenidos en el aeropuerto y deportados del país sin ninguna justificación válida. Amnistía Internacional indicó que en 2015 y 2016, “los defensores y las defensoras de los derechos humanos, así como los grupos indígenas y afrodescendientes, padecían amenazas e intimidación en represalia por su labor, particularmente en el contexto de las protestas públicas”.
Desde su anuncio en 2013, el controvertido plan de Nicaragua de construir un canal de 50.000 millones de dólares para competir con el Canal de Panamá, con ayuda de una empresa china, ha sido causa de movilización para los grupos de la sociedad civil. (AP Photo/Esteban Felix)
Tras ser anunciado en 2013, el controvertido plan del gobierno para construir un canal interoceánico de 50.000 millones de dólares para competir con el Canal de Panamá, con ayuda de una empresa china, ha sido causa de movilización para los grupos de la sociedad civil. La oposición al impacto ambiental del plan por parte de grupos de investigación como el Centro Humboldt, así como a la legislación que podría autorizar el desplazamiento de residentes rurales y comunidades indígenas afectadas por el canal, ha llevado a miles de personas a participar en protestas recurrentes.
También se ha obstaculizado la recepción de fondos externos para organizaciones no gubernamentales. En septiembre de 2015, el gobierno anunció planes para evitar que las organizaciones locales recibieran financiación directa de fuentes internacionales. En su lugar, estas serán canalizadas a través de las instituciones del Estado. Aunque aún no se ha observado el alcance de esta iniciativa, la misma ya ha desatado indignación, llevando a la directora del Programa de Desarrollo de la ONU local a renunciar a su puesto a modo de protesta.
Los últimos años también han acrecentado la preocupación por la falta de transparencia en el país con respecto a las acciones del gobierno. La ONG Transparencia Internacional clasifica a Nicaragua en el lugar 130 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). International Budget Partnership, por su parte, señala en su encuesta de presupuesto abierto anual que, si bien Nicaragua publicitó cinco de los ocho documentos presupuestarios clave de 2016 en un plazo acorde con las normas internacionales, hay pocas oportunidades para que la población participe en el proceso presupuestario. Las deficiencias en materia de transparencia en Nicaragua se han agravado por las tensiones en el ámbito mediático. Los periodistas del país se han quejado de la ausencia de medidas de protección para su trabajo frente a las amenazas recibidas, así como la falta de acceso al presidente Ortega.
Ante la situación en Nicaragua, muchas figuras de la oposición nicaragüense han hecho un llamamiento a la comunidad internacional, incluso solicitándole a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que abordara el tema tal como ha hecho con Venezuela. El 21 de octubre, la oficina del Secretario General anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno nicaragüense para crear una comisión especial para evaluar la situación política y electoral en el país y publicar un informe al respecto. Los dos también acordaron que Almagro podría hacer una visita al país el 1 de diciembre para hablar con actores en el terreno. Sin embargo, tanto esta visita como la publicación del informe tendrán lugar después de las elecciones.
La situación también ha suscitado el interés de legisladores estadounidenses. El 21 de septiembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó sin objeciones la ley conocida como “NICA” (ley de condicionalidad para la inversión en Nicaragua), la cual instruiría al gobierno estadounidense a oponerse a casi cualquier préstamo a Nicaragua por parte de instituciones financieras internacionales hasta que se atiendan las inquietudes democráticas. Esto se presentó inmediatamente después de una audiencia sobre el tema el 15 de septiembre ante la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
No obstante, abordar las preocupaciones en torno a las instituciones democráticas en Nicaragua no es asunto fácil para Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos tiene una clara influencia en el país. Es el principal asociado comercial de Nicaragua y ambos países comparten una relación comercial bajo los términos del CAFTA-DR. Como se mencionó previamente, los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos también cooperan en gran medida en las operaciones antinarcóticos. Estados Unidos tiene relaciones de trabajo constructivas con Nicaragua en las áreas de seguridad y comercio, lo cual es altamente valorado por algunas agencias gubernamentales.
Sin embargo, la influencia directa también es limitada: los programas de ayuda de Estados Unidos son relativamente pequeños (el presupuesto para Nicaragua en el año fiscal 2014 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue una modesta suma de 14 millones de dólares) y las agencias estadounidenses que trabajan con el gobierno de Nicaragua en cuanto a seguridad y comercio desean mantener su cooperación actual.
Más allá de esto, la historia de la injerencia de Estados Unidos en el país, que se remonta al apoyo estadounidense hacia los Contras en la década de 1980, y la interferencia en elecciones pasadas de Nicaragua–ver las observaciones de los monitores de la OEA sobre las elecciones de 2006– han contribuido a un escepticismo profundamente arraigado en el pueblo nicaragüense con respecto a la influencia de Estados Unidos en sus asuntos internos. Las medidas de la embajada y del Departamento de Estado para denunciar en voz alta las prácticas antidemocráticas son a menudo contraproducentes, ya que permiten al gobierno reunir apoyo antiestadounidense y nacionalista. Como resultado, los funcionarios del Departamento de Estado se enfrentan a limitaciones y dilemas a la hora de denunciar las preocupaciones sobre las instituciones democráticas.
En el caso de que se apruebe el proyecto de ley NICA, no ayudaría a incrementar la influencia estadounidense. De hecho, es probable que disminuya la eficacia de Estados Unidos, ya que alimenta la narrativa de Nicaragua en torno a la interferencia de Estados Unidos y es probable que cause una reacción negativa interna. Debido a que utiliza lenguaje y conceptos tomados de la ley Helms-Burton que impone el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, va a contribuir a la noción de Nicaragua de que las críticas a los Derechos Humanos del país están motivadas por una oposición al estilo de la Guerra Fría contra el gobierno de Ortega y no por inquietudes sobre las instituciones democráticas.
Además, alentaría a Estados Unidos a oponerse a todos los préstamos de las instituciones internacionales, lo cual podría tener un impacto drástico en proyectos humanitarios y de desarrollo muy necesarios.
La realidad es que la situación en Nicaragua es profundamente preocupante, pero las medidas punitivas de la era de la Guerra Fría que equivalen a un castigo colectivo no son la solución.
Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional tienen una influencia limitada en Nicaragua. Deberían utilizar su posición para criticar las deficiencias electorales y políticas en Nicaragua de forma clara y justa, ayudar a preservar el espacio para la sociedad civil y el debate político, y apoyar a los actores en Nicaragua que abogan por los Derechos Humanos, asuntos indígenas y ambientales, derechos de la mujer y otros temas importantes para Nicaragua y su pueblo.
