El 28 de mayo de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. dio a conocer los detalles del esperado paquete de políticas de la administración de Biden orientado a apoyar al sector privado cubano y el libre acceso a Internet. Estas medidas clave incluyen un acceso crítico al sistema bancario estadounidense, además de otros servicios como la concesión de licencias para servicios de software digital, redes sociales y plataformas de colaboración. También fueron aprobadas las transacciones “U-turn”, que permiten la transferencia de fondos a través del sistema financiero estadounidense que se originan y terminan fuera del país. Si bien distan de las políticas impulsadas en la era Obama que buscaban un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es probable que estos ajustes ayuden a estimular el crecimiento del sector privado para la destrozada economía de la isla.
Desde su legalización en 2021, se han aprobado alrededor de 11.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas representan un cambio importante en el panorama económico cubano de las últimas décadas al abarcar desde servicios de transporte hasta restaurantes y empresas textiles.
La mayor disponibilidad de servicios basados en Internet y plataformas de comunicación digital en Cuba es un avance bien recibido tanto por las organizaciones de la sociedad civil cubana como por los emprendedores, cuyo trabajo se verá potenciado por el acceso a estos servicios. De la misma manera brindarles a los actores económicos independientes la capacidad de abrir y utilizar cuentas bancarias estadounidenses, incluidas las plataformas de pago en línea, entre otras medidas, son pasos hacia la ampliación de las libertades económicas y la oferta de oportunidades en medio de la profunda crisis humanitaria de la isla. En los últimos meses, Cuba ha sufrido prolongados apagones, así como la escasez de alimentos, combustible y medicinas. La emigración desde Cuba, principalmente a Estados Unidos, ha superado desde entonces cualquier oleada vista desde la Revolución de 1959, lo que es indicativo de las penurias en la isla.
Este anuncio cumple con los compromisos pendientes que fueron descritos en el comunicado de la administración de Biden de mayo de 2022 sobre los cambios en la política hacia Cuba. No obstante, siguen vigentes otras restricciones estadounidenses que merman las perspectivas de las pequeñas empresas privadas en Cuba, entre las que destaca la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta medida impide que los empresarios cubanos independientes accedan a servicios bancarios internacionales, al tiempo que disuade las visitas de extranjeros a Cuba bajo la amenaza de que pierdan su exención de visa ESTA—Sistema Electrónico de Autorización de Viaje—para viajar a EE. UU. Asimismo, crea barreras para que las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y los grupos de ayuda presten asistencia humanitaria al pueblo cubano.
Más allá de implementar los cambios políticos anunciados en mayo de 2022, la administración Biden debería adoptar medidas adicionales para abordar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Cuba.
