Washington, D.C.—El 17 de noviembre, el Congreso de Guatemala aprobó el presupuesto general para el año fiscal 2021 mediante un proceso opaco y antidemocrático, recortando fondos importantes y omitiendo mecanismos de transparencia o rendición de cuentas. Es especialmente preocupante que en medio de una pandemia y después de la devastación de una insólita temporada de huracanes, el Congreso haya aprobado un presupuesto que no prioriza los intereses ni las necesidades del pueblo guatemalteco.
“Se aprobó un presupuesto de manera ligera, opaca, sin transparencia y sin una debida discusión y socialización de su contenido. Mientras la población dormía, se aprobó una extraordinaria asignación que está lejos de responder a los intereses y las necesidades del país”, dijo Adriana Beltrán, directora para el programa de seguridad ciudadana de WOLA.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) identificó varias anomalías graves en el presupuesto 2021. Por ejemplo, no prioriza la mitigación de la vulnerabilidad ambiental, la educación, ni la lucha contra la desnutrición infantil. Según cifras oficiales, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica en el país, y casi el 60% de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
Por otra parte, el presupuesto aprobado deja amplios espacios para la corrupción. No se incluyeron mecanismos de control apropiados para garantizar el debido uso de los recursos y se fortalecieron ministerios que han sido focos de corrupción, como los de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y, por otro lado, se disminuye significativamente la protección de los derechos humanos, al reducir por 20 millones la asignación a la Procuraduria de Derechos Humanos (PDH).
“Dado los efectos económicos de la pandemia y el impacto devastador de los recientes huracanes, es imperativo que se apruebe un presupuesto que responda a las necesidades del país y de la población más afectada, y no que responda a los intereses privados de unos pocos», señaló Beltran.
Como han señalado numerosos sectores, el presidente Giammattei debería vetar el presupuesto y el Congreso debe corregir las anomalías y aprobar, mediante un proceso democratico y transparente, un presupuesto que responda a las necesidades de la población.