Recuperar el Estado de Derecho

"(...) el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Declaración Universal de  Derechos Humanos, 1948

"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento  circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la Ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la Ley" 

Artículo 15 de la Constitución de Colombia (1991)

 El país y el mundo conocen hoy con asombro e indignación los alcances de una empresa criminal promovida desde la agencia presidencial encargada de la seguridad (DAS) y dirigida contra ciudadanos y ciudadanas que fueron objeto, durante años, de espionaje, interceptación de comunicaciones, seguimientos dentro y fuera del país, montajes, presiones, amenazas, operaciones de desprestigio y sabotaje y actos de terrorismo.

Según las investigaciones en marcha y documentos oficiales que ahora son públicos, estas acciones de "inteligencia ofensiva" o "pasiva" se hicieron sin orden judicial y estaban orientadas a vigilar, neutralizar o impedir la labor de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, de organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, de Embajadas, opositores políticos, periodistas, activistas de paz, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En algunas ocasiones, y en su afán por asegurar resultados, los agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y niñas, hijos de los denominados "blancos" de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia llevadas a cabo. 

Esta inadmisible situación cuestiona seriamente la vigencia del Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución Política, ya que se trató de la puesta en marcha de una gigantesca operación criminal para intimidar la Justicia, neutralizar la oposición, perseguir periodistas e impedir la legítima labor de los defensores de derechos humanos y sindicalistas y configura múltiples y gravísimas violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia. 

¿Quién ordenó usar recursos de la nación, instituciones del Estado  y servidores públicos para realizar estas operaciones? ¿Quién y cómo usó esta información, con qué fines y quién se convirtió en beneficiario de sus resultados? ¿Desde cuándo se realizan estos procedimientos y qué certeza hay de que fueron suspendidos? ¿Desde cuándo pensar u opinar diferente se volvió una amenaza para la seguridad nacional?

Quienes suscribimos esta declaración, víctimas directas de estas operaciones ilegales pero también ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a diversos partidos e ideologías políticas que no comparten estas expresiones de arbitrariedad, las cuales inclusive ya merecieron el oportuno repudio y justa desaprobación del gobierno de los Estados Unidos, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo a estas prácticas, demandamos de la Fiscalía General de la Nación resultados de las investigaciones y de los jueces de la república o los organismos competentes, condena a los responsables materiales e intelectuales.

Las víctimas de esta empresa criminal exhortamos a las autoridades a que promuevan todas las acciones jurídicas, administrativas, disciplinarias y políticas que lleven a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y la decisión de convocar a toda la sociedad para unir esfuerzos que propendan por el restablecimiento del Estado de Derecho en Colombia. La continuidad, sistematicidad y el número de personas afectadas indican que lo ocurrido no responde a casos aislados y, por el contrario, sugieren una alta responsabilidad política del actual gobierno.

La comunidad internacional, la sociedad colombiana y los medios de comunicación deben erigirse como una conciencia crítica y ejercer un rol activo para que se conozca toda la verdad.

El próximo presidente debe asumir un compromiso ante la sociedad: que nunca más se repitan estas acciones de terrorismo de Estado propias de las peores dictaduras. Solicitamos un pronunciamiento en tal sentido a los dos candidatos que compiten en segunda vuelta por la presidencia de la república.

Tenemos la certeza de que si la justicia colombiana no opera con celeridad y produce resultados, en lo que confiamos, estos delitos serán conocidos por la justicia internacional y los culpables condenados ante el mundo, para vergüenza de una sociedad cuyas mejores tradiciones de libertad queremos reivindicar con el bicentenario de la independencia.